Pese a las incontables ventajas para gobiernos y ciudadanos de la integración de los registros utilizados en las políticas públicas, los países han de enfrentar y superar dificultades políticas, presupuestarias, técnicas y éticas
Kathy Lindert, del Banco Mundial, Luís Henrique Paiva, del IPC-IG, y Valentina Barca, de Oxford
Brasilia, 5 de abril de 2016 — Para los países que buscan diseñar programas eficientes de protección social y atender a la población de forma efectiva, la integración de bases de datos será «el desafío de los próximos diez años», según declaró Kathy Lindert, economista jefe para Protección Social y Trabajo del Banco Mundial, que debatió al respecto con gestores y especialistas de Brasil y otros países en el Seminario Internacional de Integración de Bases de Datos y Sistemas de Información para Perfeccionamiento de Políticas Públicas, que tuvo lugar los días 5 y 6 de abril en Brasilia.
Pese a destacar el éxito de Brasil en la construcción del Registro Único para Programas Sociales, desde 2001, la economista considera que la mayor prioridad del país es la interoperabilidad con otros sistemas de registros públicos, un movimiento que ha sido adoptado con éxito por países como Australia, Chile y Argentina. El término interoperabilidad se refiere a que entidades independientes de un mismo gobierno puedan comunicarse y funcionar en sinergia al compartir informaciones para la toma de decisiones.
Esa integración tiene igualmente beneficios para los formuladores de políticas públicas, las agencias locales y los ciudadanos, pues permite la visualización precisa de los beneficiarios de los programas sociales, elimina esfuerzos duplicados en el mantenimiento de sistemas y, para los ciudadanos, disminuye la burocracia a la hora de comprobar las mismas informaciones ante diversos órganos, por ejemplo.
Vea más detalles de la presentatión por Kathy Lindert (en inglés)
Para Valentina Barca, consultora de Oxford Policy Management, la implementación de registros integrados requiere sobre todo arreglos políticos e institucionales, aunque muchas veces se haga hincapié en las dificultades técnicas.
«El objetivo final siempre es compartir información, tomar decisiones y mejorar el nivel de vida en el país. Hay que aceptar que se trata de un proceso lento y que se cometerán errores, pero que se corregirán después», afirma la investigadora. Según Valentina, ni siquiera el mejor y más completo de los sistemas es suficiente si no puede convertir los datos en información útil para el diseño de políticas públicas.
«Quienes han pasado por ese proceso recientemente hacen hincapié en la importancia del análisis de los datos y su utilidad», afirmó en el seminario organizado por la Secretaría Nacional de Renta de Ciudadanía (SENARC) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), en colaboración con la Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo sin Pobreza (WWP).
En opinión de Valentina, que ha analizado el caso de más de 40 países en la integración de base de datos nacionales, no sirve de nada pretender que todas las informaciones estén disponibles: es necesario establecer prioridades para comenzar.
Lea el análisis de la consultora italiana Valentina Barca (en inglés)
Desafíos
Al compartir experiencias exitosas de integración, que era uno de los objetivos del encuentro, se ha visto que el costo es una barrera importante a la hora de compartir responsabilidades entre las diversas instituciones públicas.
«En Brasil, por ejemplo, quien paga el Registro Único es el MDS, pero muchos otros lo utilizan. ¿Quién debe arcar con los costos de sistemas que tienen múltiples usuarios?», cuestiona Kathy Lindert, en relación con la dificultad a que se enfrentan muchos países para integrar, mantener y expandir los sistemas de información.
Otra cuestión primordial es la privacidad y el uso de los datos. En las integraciones efectuadas en países como Chile y Argentina, además de las informaciones de la seguridad social y la historia laboral, se puede acceder a información de índole tributaria. Entre las soluciones apuntadas por las especialistas en el panel de debate figura el reparto selectivo de datos entre las agencias, con protocolos de seguridad que establezcan qué necesita cada órgano, con diferentes niveles de acceso y la identificación del operario que maneja las informaciones.
Pese a ser necesario, también debe haber cierta cautela respecto a la actualización continua y al control centralizado del Registro a escala federal, según opina Valentina Barca.
«Existe el peligro de la exclusión sistemática de algunas familias por problemas en la recogida de datos. En los requisitos de identificación nacional, los más pobres son también los más excluidos, y un enfoque meramente nacional no refleja normalmente los escenarios locales», alerta la consultora.
En el caso brasileño, un factor que complica seriamente la integración es la falta de un identificador civil único, puesto que el registro civil es una atribución de los estados. Por ello, el Registro Único brasileño es un éxito, pues superó esa situación, pero la interoperabilidad con las demás bases de datos es un desafío.
«No hay ninguna medida integral o inmediata que podamos tomar. La integración está en nuestra agenda desde hace mucho tiempo, y lo resolveremos paso a paso, en agendas bilaterales y multilaterales», afirmó la Directora del Departamento del Registro Único del MDS, Joana Mostafa.
Acceda a la presentación de Joana Mostafa a los participantes en el seminario (en portugués)
Marco Prates, WWP