Con un sistema de protección social que viene siendo diseñado desde los años setenta, Chile desarrolla un nuevo registro para la gestión de políticas públicas
Luis Díaz y Verónica Acha, del Ministerio de Desarrollo Social de Chile: ese órgano tiene amparo legal para obtener informaciones de otros organismos de la administración pública
Brasilia, 5 de abril de 2016 — Con vistas a la mejora de la eficacia de su red de protección social, Chile trabaja desde comienzos de año con un renovado Sistema Integrado de Información Social. El Registro Social de Hogares (RSH) es la nueva herramienta utilizada para seleccionar a los beneficiarios de los programas gubernamentales. El RSH sustituye a las antiguas fichas sociales, que la población consideraba «injustas» y «poco transparentes», según los gestores chilenos que participaron en el Seminario Internacional de Integración de Bases de Datos y Sistemas de Información para Perfeccionamiento de Políticas Públicas, celebrado los días 5 y 6 de abril en Brasilia.
Como los datos de los ciudadanos en poder del Estado se pueden consultar en internet, las personas tienen la oportunidad de entender la caracterización socioeconómica de cada domicilio y la priorización que se hace en el sistema en la oferta de los beneficios.
El nuevo registro alcanza hoy a 12,4 millones de chilenos, el 71,7?% de la población. El sistema unifica los datos administrativos de diversos órganos públicos —como salud y educación— junto con las informaciones de las antiguas fichas de protección social, utilizadas desde 1977.
Esta inmensa base de datos, gestionada exclusivamente por el Ministerio de Desarrollo Social chileno, exige una gestión atenta a los derechos de los ciudadanos, situados entre las leyes de Protección de la vida privada (nº 19.628, de 1999) y Transparencia (nº 20.285, de 2008).
«Recibimos a diario demandas de transparencia, y necesitamos buscar un equilibrio entre entregar informaciones conseguidas con recursos públicos y proteger los datos de las familias», afirma Verónica Acha, encargada del Departamento de Análisis de Información Social.
Desde el punto de vista operativo, el marco jurídico y las medidas adoptadas por el gobierno son positivos, según los gestores: el Ministerio tiene la atribución de solicitar a todas las instituciones públicas las informaciones necesarias para identificar potenciales o efectivos beneficiarios de programas sociales (Ley nº 20.530, de 2011), lo que facilita las negociaciones.
Además, el Comité Ejecutivo que supervisa y administra los aspectos políticos y de comunicación no es interministerial, como es el caso en algunos países, sino que actúa bajo la responsabilidad de la cartera de Desarrollo Social.
Cooperación
Los municipios se ocupan de ejecutar las políticas sociales federales. Para ampliar el alcance de los programas, se ofrecen plataformas en línea de capacitación y apoyo a los gestores municipales, así como números telefónicos. Hay puntos de atención para las familias en más de 200 ciudades.
De acuerdo con representantes del gobierno, es en el contacto establecido en los municipios donde se informa a las personas de la elegibilidad para otros beneficios; en algunos la inclusión es automática, pero en otros hay una preselección debido a la oferta limitada.
A pesar de la alta capilaridad de la iniciativa, incluir a toda la población excluida del mercado formal sigue siendo un reto.
«Los países en desarrollo tienen sectores de la población adulta invisible para los registros administrativos. Siempre hay lagunas que hemos de cubrir para conocer de manera más adecuada los hogares en los procesos de acceso a los beneficios sociales», reconoció Luis Díaz, jefe de la División de Políticas Sociales del Ministerio, durante el seminario realizado por la Secretaría Nacional de Renta de Ciudadanía (SENARC) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), en colaboración con la Iniciativa Brasileña de Aprendizaje por un Mundo sin Pobreza (WWP – World without Poverty).
Marco Prates, WWP